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El Gobierno argentino inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido por la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

La medida fue instruida por el presidente Javier Milei, quien ordenó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El reclamo apunta principalmente al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó el Ejecutivo, Argentina intimó al Reino Unido a detener las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos y le otorgó un plazo de dos semanas para hacerlo.

Si Londres no cumple con el requerimiento, el Gobierno anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que Argentina sostiene sobre su plataforma continental.

El argumento del Gobierno argentino

La Casa Rosada fundamentó su posición en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda insta a ambos países a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe la controversia.

El Ejecutivo también cuestionó la posición británica sobre las islas y sostuvo que la denominación de “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum realizado en 2013 no modifican la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

En paralelo, el Gobierno informó que inició procedimientos administrativos, denuncias penales y gestiones diplomáticas por operaciones aéreas que atribuyó a la empresa THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas, realizadas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.