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  • Domingo , Sep 20 , 2026
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La abogada Ana Cadario aseguró que el loteo ya cumplió con las etapas provinciales y sostuvo que el municipio “desconoce todas las actuaciones de la provincia” y las realizadas por gestiones anteriores.

El conflicto por el loteo Pradera de Deán Funes se encuentra en una instancia judicial luego de que la Municipalidad no emitiera la resolución final necesaria para completar el trámite. La abogada de la desarrollista, Ana Cadario, sostuvo que el emprendimiento comenzó en 2017 y que actualmente se encuentra en la quinta y última etapa de aprobación provincial.


Según explicó la abogada, el proyecto ya cuenta con licencia ambiental, proyectos de infraestructura aprobados y obras ejecutadas, pero resta que el municipio dicte la resolución final para que Catastro de la Provincia pueda asignar las nomenclaturas a los lotes y avanzar con las escrituras para los compradores.


La representante legal afirmó que el municipio actual desconoce actuaciones realizadas durante gestiones anteriores y que, por ese motivo, les exige retomar trámites ya realizados. “Lo que obligan es prácticamente a comenzar el expediente de nuevo”, sostuvo. También cuestionó que se exija una planta de tratamiento de efluentes cuando, según señaló, existe una resolución provincial que autoriza el uso de pozos absorbentes en el sector.


El conflicto también alcanza al servicio de agua potable. Cadario aseguró que la desarrollista donó un terreno a la Municipalidad y financió la construcción de un pozo, con estudios, infraestructura eléctrica y una cámara de maniobra, pero que actualmente el loteo no cuenta con agua potable. “Todo eso fue costeado por Rancho La Pradera”, afirmó.


En el plano judicial, la desarrollista presentó un amparo por mora para que el municipio emita la resolución pendiente. La Municipalidad apeló y el expediente se encuentra ahora en el Tribunal Superior de Justicia. A su vez, Cadario confirmó que existe una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que también alcanza a la cooperativa encargada del servicio de agua. La abogada informó que la Fiscalía notificó recientemente que el loteo fue admitido como querellante y que solicitaron nuevas medidas de prueba.


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