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  • Jueves , Ago 13 , 2026
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El legislador del PRO, Martín Goerling, afirmó que el debate público se basó en "falacias" y empresariales que la reforma permitiría vender la Patagonia, fronteras o zonas de interés.

La reforma de la Ley de Tierras quedó fuera del debate legislativo, pero la discusión continúa. El senador nacional por Misiones, Martín Goerling (PRO), defendió el proyecto y sostuvo que gran parte de la polémica se construyó sobre "falacias" que no figuraban en el texto.


"Se llevó a un debate fuera de la realidad. Se estaban discutiendo cosas que no estaban en el dictamen", afirmó en diálogo con Alassia es Noticia. A raíz de ese escenario, explicó que pidió retirar el capítulo para que la iniciativa pueda debatirse más adelante de manera exclusiva y "de cara a la sociedad".


El legislador negó que la reforma permitiera que los extranjeros compraran sin límites el territorio argentino o que se habilitara la venta de zonas estratégicas. También rechazó las versiones que anunciaban sobre la compra de tierras en la Patagonia o en las fronteras por parte de capitales extranjeros. "Eso es mentira, porque la Ley Nacional de Seguridad de Fronteras sigue vigente", sostuvo. Según explicó, cualquier adquisición dentro de los 100 kilómetros de la frontera seguiría requiriendo autorización del Gobierno nacional.


Goerling también respondió a otra de las críticas que circularon durante el debate, vinculadas a los incendios forestales. "Nos decían que iban a quemar territorios para después venderlos. Lo que no se puede hacer es construir falacias y discutir sobre mentiras" , afirmó, al remarcar que la legislación sobre áreas protegidas y las normas ambientales no eran modificadas por el proyecto.


Para el senador, la intención de la reforma era devolver a las provincias la potestad sobre el uso de sus tierras , favorecer inversiones y, al mismo tiempo, prohibir expresamente que Estados extranjeros puedan comprar tierras en la Argentina , algo que, según dijo, la ley vigente no establece de forma taxativa. Sin embargo, reconoció que el Gobierno "cometió un gran error comunicacional" al no explicar esos cambios y terminó alimentando la controversia que obligó a retirar el capítulo del proyecto.


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