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La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso del país contra Titan Consortium por una causa originada en la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La Justicia de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Argentina para frenar el reclamo de Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La decisión mantiene vigente una condena que, con intereses acumulados, alcanza los US$390 millones .
El origen del conflicto se remonta a 2008 , cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban bajo el control del grupo español Marsans . La empresa reclamó una indemnización ante el Ciadi , el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que resuelve disputas entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017 , el Ciadi falló contra Argentina y obtuvo una indemnización superior a US$320 millones , además de honorarios y gastos legales. El país intentó anular el fallo, pero el pedido fue rechazado en 2019 y la deuda continuó acumulando intereses.
Con el paso del tiempo, el reclamo cambió de manos. Marsans transfirió sus derechos de litigio al fondo Burford Capital , conocido por su participación en el caso YPF, que luego cedió la causa a Titan Consortium , actual beneficiario del fallo.
La Corte de Apelaciones de Columbia confirmó ahora que Argentina no puede avanzar con su planeo de prescripción y ratificó la validez del reclamo. La defensa argentina sostenía que la demanda debía quedar sin efecto por haber pasado más tiempo del permitido , pero los tribunales estadounidenses consideraron aplicable un plazo de 12 años .
Desde la Procuración del Tesoro información que analizan nuevas herramientas legales para intentar revertir la decisión o reducir sus consecuencias. El organismo señaló además que este caso forma parte de una serie de litigios internacionales que enfrenta el Estado argentino por fallos adversos y reclamos millonarios que superan los US$30.000 millones .
La resolución suma un nuevo capítulo a una disputa iniciada hace casi 18 años y vuelve a poner bajo la lupa el costo judicial de las expropiaciones realizadas durante los gobiernos kirchneristas.
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