Córdoba

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros: “Cada operativo de una amenaza de bomba sale entre 16 y 18 millones de pesos”.

Las amenazas falsas en escuelas dejaron de ser una “broma” para convertirse en un problema con impacto económico y judicial. En Córdoba, el Gobierno avanzó con un esquema para trasladar el costo de los operativos a los responsables, en su mayoría, los padres de los menores involucrados.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, respaldó la medida en la responsabilidad familiar: “El nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina es muy claro de la obligación parental que tienen por los daños producidos por aquellos que tienen a su deber”.

El fenómeno crece y ya tiene consecuencias concretas. “Hay 26 menores que han sido imputados, por esto de poner que va a haber un tiroteo, ya sea en un azulejo de un baño, en una pared, en un escritorio o por un mensaje de WhatsApp”, detalló.

Además del impacto judicial, el costo operativo es alto. “Cada operativo de una amenaza de bomba sale entre 16 y 18 millones de pesos”, advirtió Quinteros, al explicar por qué la Provincia busca recuperar esos recursos y desalentar estas conductas.

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