El Indec reveló el primer IPC de 2026, que se ubicó por encima de las proyecciones oficiales y del mercado. Los alimentos y bebidas fueron el rubro que más presionó el índice, con una suba del 4,7%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero de 2026 alcanzó el 2,9%, marcando el registro mensual más elevado de los últimos ocho meses. El dato, que se dio a conocer tras la salida de Marco Lavagna del organismo y en medio de una polémica por la metodología de medición, superó las expectativas del gobierno y de las consultoras privadas, encendiendo nuevas alertas en el equipo económico.

Los alimentos, el motor de la suba

El promedio general se vio fuertemente empujado por el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que trepó un 4,7%. Otros sectores con aumentos significativos fueron “Restaurantes y hoteles” (4,1%) y “Comunicaciones” (3,6%).

Al desglosar por tipo de precios, los estacionales lideraron las alzas con un 5,7%, seguidos por la inflación núcleo (2,6%) y los precios regulados (2,4%). Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en el 32,4%.

Sorpresa en las proyecciones

El número final de enero rompió el piso del 2% que la economía no logra perforar desde hace cinco meses. Las proyecciones, incluido el pronóstico del ministro de Economía, Luis Caputo, situaban la inflación en torno al 2,5%, similar a los niveles de diciembre. Sin embargo, el índice rozó el 3%, una cifra que no se veía desde principios del año anterior.

Ante este escenario, Caputo utilizó su cuenta de X para explicar que la inflación de enero responde a un “reacomodamiento de precios relativos” y a una “fuerte caída en la demanda de dinero”, atribuyendo parte del fenómeno a efectos monetarios heredados previos a las elecciones. El ministro ratificó el rumbo del programa económico basado en el equilibrio fiscal y el control estricto de la emisión monetaria.

Polémica por la metodología y el "viejo" IPC

Este es el primer informe oficial tras la renuncia de Marco Lavagna, cuya salida estuvo vinculada a diferencias con el Ejecutivo sobre la implementación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gobierno decidió postergar la actualización metodológica, que habría elevado la ponderación de los servicios y reducido la de los alimentos.

Aunque el ministro Caputo sostuvo que la diferencia entre ambas metodologías habría sido mínima, analistas advierten que no actualizar los ponderadores afecta la precisión del diagnóstico económico y genera riesgos legales en contratos indexados.