El presidente del Tribunal de Cuentas defendió la objeción al contrato por más de US$7 millones y advirtió incumplimientos en la normativa de compras públicas.

Una oficina vacía y sin personal subió las alarmas del Tribunal de Cuentas de Córdoba. Al verificar el domicilio de una de las empresas adjudicatarias de la millonaria compra de drones, los inspectores no encontraron actividad.

"Nos constituimos en el lugar donde la empresa tiene sus oficinas. ¿Sabes cuántos empleados tiene la empresa? Cero" , afirmó el presidente del organismo, Beltrán Corbalán.

La licitación, que supera los 7 millones de dólares, incluye drones, software, vehículos y otros insumos en un mismo paquete. Desde el Tribunal sostienen que ese esquema incumple la normativa provincial.

"No permite hacer estas compras de varios artículos... lo tienen que hacer por separado. No lo digo yo, lo establece la ley" , remarcó.

Según el funcionario, respetar ese procedimiento habría reducido de manera significativa el gasto público: “Si se hacía como marca la ley, no costaba 7 millones, costaba menos de 4”.