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La jueza Noel Costa advirtió posibles límites constitucionales en el debate por la baja de la edad de imputabilidad

La magistrada sostuvo que el régimen penal juvenil necesita una reforma, pero remarcó que “se debe evaluar la madurez emocional, intelectual y la capacidad de comprender el acto cometido”.

La jueza federal Noel Costa, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 2, se refirió al debate en torno a una eventual baja de la edad de imputabilidad penal y advirtió que cualquier modificación del régimen vigente debe ajustarse estrictamente a los límites establecidos por la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Durante una entrevista en el programa Última Pregunta,  Costa señaló que el sistema penal juvenil actual es antiguo y requiere una actualización, aunque subrayó que la discusión no puede centrarse únicamente en el castigo. “Que esto se discuta y que haya una nueva ley es importante, pero hay que hacerlo adecuadamente y con los parámetros que nos marca la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño” , expresó.

En ese marco, recordó que la Corte Suprema de Justicia fijó una doctrina clara respecto del tratamiento penal de los adolescentes. “La Corte sostuvo hace 20 años y volvió a sostener recientemente que, en el caso de los adolescentes, la pena no puede ser la misma que la de un adulto” , afirmó.

La magistrada explicó además que una eventual baja de la edad de imputabilidad no implica una condena automática, ya que el proceso penal exige un análisis previo de la responsabilidad del menor. “No es que se baja la imputabilidad e inmediatamente van a ser condenados: deben atravesar un juicio de culpabilidad” , aclaró.

Según Costa, ese juicio debe evaluar la madurez emocional e intelectual del adolescente y su capacidad para comprender el acto cometido, factores que resultan determinantes al momento de imponer una sanción. “El juicio de culpabilidad es el que sostiene la pena, no el juez ni la edad de la persona” , remarcó.

Finalmente, sostuvo que el principal desafío es avanzar hacia un régimen penal juvenil moderno que combina responsabilidad penal, garantías constitucionales y políticas efectivas de reinserción, sin caer en respuestas punitivas que contradigan el marco legal vigente.