La contadora Rivera, representante de la minoría en el Tribunal de Cuentas, aseguró que no hubo sobreprecio ni direccionamiento y afirmó que las objeciones de la mayoría se basaron en criterios políticos y no legales.

La polémica por la compra de drones del Gobierno de Córdoba sumó este martes una voz clave y desafiante. En  Alassia es Noticia , dialogamos con Silvina Rivero, vocal del Tribunal de Cuentas y representante de la minoría , quien defendió con vehemencia la legalidad de la licitación cuestionada y criticó los fundamentos de la mayoría del organismo para observar el expediente.

Durante la entrevista, Rivero sostuvo que el verdadero debate no gira en torno a la compra en sí, sino al rol preciso del Tribunal de Cuentas en el esquema institucional. En ese sentido, remarcó que el organismo de control tiene límites claros, establecidos por la Constitución y la ley.

“La Constitución y la ley son claras: el Tribunal de Cuentas debe controlar la legalidad del acto, y tiene expresamente prohibido expedirse sobre el mérito, la oportunidad o la conveniencia del gasto” .

Rivero apuntó directamente contra los votos de los vocales de la mayoría al considerar que se apoyaron en valoraciones subjetivas, ajenas a cualquier incumplimiento legal.

“En ninguno de los votos de la mayoría se habla de sobreprecio ni de direccionamiento hacia un proveedor; se trata de valoraciones subjetivas que no tienen que ver con el marco legal”.

El vocal explicó que las observaciones se centraron en la supuesta excesiva sofisticación de la tecnología o la conveniencia de implementar el sistema de manera gradual. Para Rivero, esos argumentos exceden por completo las atribuciones del organismo.

“Decir que la tecnología es demasiado sofisticada o que debería implementarse de manera más gradual no es un argumento legal; es una definición política” , señaló.

Finalmente, la contadora delineó el camino institucional que le queda al Poder Ejecutivo si decide avanzar con la compra pese a la observación del Tribunal.

“Aun cuando el Tribunal mantiene la observación, el Poder Ejecutivo puede avanzar con la contratación mediante el recurso de insistencia; lo que cambia es el ámbito donde se evalúan las responsabilidades”.