El legislador cruzó a la Iglesia y a las organizaciones sociales al asegurar que los "naranjitas" son explotados por jefes de cooperativas que se quedan con el 80% de la recaudación.

En una entrevista cargada de definiciones fuertes para Radio Continental Córdoba, el legislador Gregorio Hernández Maqueda ratificó su determinación de prohibir por ley la actividad de los cuidacoches. El referente de "Mejor Futuro" fue tajante al desmarcarse de la dirigencia tradicional: "Esta era una demanda popular silenciosa, pero la totalidad de la dirigencia política elegía mirar para otro lado", afirmó, calificando el esquema actual no como una salida laboral, sino como una herramienta de extorsión que tiene a los cordobeses como rehenes.

La denuncia de Maqueda escaló al señalar la explotación económica que se oculta tras la marginalidad. "Aquí hay un sistema de explotación que ni la Iglesia ni ninguna organización que vele por la paz puede defender; no se puede defender el uso de los pobres", sentenció. El legislador ilustró la magnitud del negocio ilegal citando el caso de los partidos de fútbol, donde la recaudación puede alcanzar los 50 millones de pesos en una tarde: "El jefe de las cooperativas se queda hasta con el 80% de lo que recaudan las naranjitas que ponen la cara".

Sobre el impacto en la seguridad ciudadana, Maqueda vinculó el desorden del espacio público con la criminalidad organizada. Según el legislador, la presencia de los cuidacoches facilita la inteligencia delictiva y el tráfico de drogas: "Terminan siendo instrumentos del narcotráfico porque tienen una presencia y una capilaridad absoluta". En ese sentido, fue enfático al corregir la interpretación de su proyecto: "Queremos que desaparezca no un grupo de personas, sino un sistema. Lo que queremos es pulverizar, destruir un sistema mafioso".

Finalmente, el legislador se refirió a la ineficacia del sistema de detenciones actual, calificándolo de "puerta giratoria", y propuso un plan de reconversión laboral y tratamiento de adicciones para quienes deseen salir de la ilegalidad. "No se puede negociar el control del espacio público", concluyó Maqueda, anticipando un debate feroz en la Legislatura a partir de febrero contra lo que denomina un "sistema de explotación ideológico y político" que lleva dos décadas enquistado en la provincia.