Tras una nueva detención en Nueva Córdoba por cobros extorsivos, se profundiza el debate sobre el control de las calles. Los vecinos denuncian amenazas constantes, mientras la Policía intensifica los operativos ante la falta de una respuesta política definitiva.

La seguridad en las calles de la capital cordobesa atraviesa semanas críticas. Los partes diarios de la Policía de la Provincia confirman una tendencia preocupante: cada jornada se registran detenciones de cuidadores de coches, conocidos como "naranjitas", involucrados en episodios de violencia y exigencias de cobros indebidos. Esta situación ha dejado de ser un mero debate administrativo sobre el estacionamiento para convertirse en un foco de inseguridad ciudadana y problemáticas sociales en barrios como Nueva Córdoba, Güemes y Alta Córdoba.

El caso más reciente ocurrió este lunes en la avenida Vélez Sársfield al 500 , donde un hombre de 55 años fue aprehendido tras exigirle 5 mil pesos a una conductora para permitirle estacionar. El operativo, que terminó con el secuestro de un chaleco reflectante, se activó gracias a la denuncia inmediata de la mujer ante la Policía, evidenciando una modalidad extorsiva que se repite de manera constante.

Ante la escalada de estos hechos, Noel Quinteros , histórico dirigente del sector, reconoció en el programa Alassia es Noticia la complejidad del escenario actual: "En la calle hay de todo: violentos, gente enferma de adicción, gente en situación de calle... ¿Qué hace el Estado con eso? Si una persona está cobrando sin estar autorizada, es un problema de política pública".

Desde la perspectiva de las cooperativas, la solución reside en la formalización y no únicamente en la intervención policial. "Al no tener el usuario una tarifa, y al haber una persona no autorizada al cobro, se presta a todo esto... si usted regulariza el servicio, fija la tarifa y la difunde, el problema se resuelve" , aseguró Quinteros. No obstante, el dirigente advirtió sobre presuntos intereses ocultos en la demora oficial: "De lo que se trata es que quieren privatizar; ese es el fondo de la cuestión".

La resolución de esta problemática se traslada ahora al ámbito legislativo, donde se evalúan reformas al Código de Convivencia para frenar las extorsiones y devolver la previsibilidad al uso del espacio público en la ciudad.