El secretario de Gobierno, Felipe Crespo, confirmó en Radio Continental Córdoba que la instalación de portones busca bloquear las vías de escape de los delincuentes.

En un clima de creciente tensión vecinal, el municipio de Villa Allende confirmó que no dará marcha atrás con el plan de seguridad que incluye el cerramiento de calles en sectores críticos. En diálogo con Radio Continental Córdoba, Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la localidad, ratificó que la instalación de portones comenzará en febrero en los barrios Pan de Azúcar y Lomasur. La decisión se mantiene firme, incluso después de que un grupo de 100 vecinos anunciará que llevará el caso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Desde el ejecutivo municipal sostienen que el programa cuenta con el respaldo de la justicia provincial tras los fallos favorables en instancias anteriores. Al respecto, Crespo fue tajante sobre la validez del proyecto: "Hemos tenido esta resolución de la Cámara que nos permite continuar con el programa que estamos trabajando en el marco de la legalidad; creo que ha sido un fallo claro y contundente".

El principal argumento oficial para avanzar con esta polémica infraestructura es el diagnóstico crítico sobre el avance de la criminalidad en la zona. "El problema de la inseguridad es insoportable, realmente altera la vida de nuestra gente y es la principal demanda que tiene esta ciudad hacia sus autoridades", explicó el funcionario.

Un punto clave de la controversia es la ubicación de los cerramientos. El municipio detectó que la cercanía con zonas periféricas de Córdoba Capital facilita el accionar de bandas que utilizan las calles internas como corredores de huida. Según Crespo, "hay algunas calles que son habitualmente usadas para ingresar o para escaparse por parte de los delincuentes”.

En cuanto al funcionamiento operativo, se aclaró que no se trata de un cierre total ni permanente, sino de una restricción nocturna coordinada por el Estado local. El esquema prevé que el control de los accesos sea de 22:00 a 06:00 horas, bajo la supervisión de personal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de desalentar los ingresos furtivos a los barrios.