10-11-2025 | 15:49:38
| Córdoba
El debate sobre la vida asistida se reaviva en el Congreso Nacional con una iniciativa que busca ir más allá de la Ley de 2012, contemplando la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido
El Congreso Nacional de Argentina vuelve a recibir un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida, presentado por el diputado mendocino Julio Cobos. Esta iniciativa busca reformar la actual Ley de Muerte Digna y fue relanzada tras "el impulso de la aprobación en Uruguay", país que se convirtió en el primero de Latinoamérica en sancionar dicha práctica.
El objetivo central del proyecto es que los pacientes que padecen enfermedades graves e incurables o un sufrimiento crónico e intolerable puedan acceder a una muerte asistida, contando con acompañamiento médico y consentimiento informado.
La propuesta de Cobos, presentada en la Cámara de Diputados, diferencia entre los dos tipos de asistencia médica activa:
Eutanasia: Sería practicada por un médico, quien administraría directamente la sustancia que provoca la muerte del solicitante.
Suicidio Asistido: El propio paciente se autoadministraría la medicación que fue prescrita por el profesional
Cobos explicó a la prensa que presentar este proyecto es una manera de "insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años". El diputado radical sostuvo que "la sociedad ha madurado y ha reflexionado sobre este tema", y confía en que el debate avance, ya que esta "sería una ley que dé una solución digna a quien la requiera, y que no obligue a nadie a nada".
Para acceder al procedimiento, el proyecto establece requisitos estrictos que incluyen:
Argentina fue pionera en 2012 con la Ley de Muerte Digna. Sin embargo, esa normativa solo permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos que prolongan artificialmente la vida en casos terminales. Los nuevos proyectos, incluido el de Cobos, avanzan un paso más al buscar permitir una asistencia médica activa para morir
La iniciativa presentada también contempla la objeción de conciencia para aquellos profesionales de la salud que no deseen participar. Pese a ello, garantiza que el acceso al procedimiento se pueda realizar tanto en centros de salud públicos como privados. Además, impulsa la modificación del Código Penal para otorgar protección a quienes acompañan médicamente la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido.
Este proyecto se suma a otros cuatro similares que actualmente tienen estado parlamentario, aunque ninguno ha logrado llegar al recinto.