El diputado Daniel Arroyo explicó que muchas personas no recibieron notificaciones para las auditorías, lo que provocó suspensiones injustas.

El Gobierno nacional restituyó 100.000 pensiones por discapacidad, tras detectar irregularidades en los procesos de auditoría que habían dejado a muchas personas sin cobertura.

En el programa Alassia es Noticia, el diputado nacional Daniel Arroyo, autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, explicó que la decisión se tomó porque “el Gobierno utilizó la base de datos original y no cruzó con la información actualizada. Estoy de acuerdo con las auditorías… si hay una localidad donde hay 60% de pensiones por discapacidad, está claro que algo raro pasa”.

Arroyo aclaró además que, “de esas 110.000 pensiones suspendidas, 90.000 pertenecen a personas que nunca se enteraron que tenían que hacer la auditoría porque no les llegó ni el telegrama ni la carta documental”. Esto generó una gran cantidad de suspensiones injustificadas.

El diputado destacó que con esta restitución se busca garantizar el acceso a derechos fundamentales para personas con discapacidad, mientras se trabaja en mejorar los mecanismos de control para evitar fraudes sin perjudicar a quienes legítimamente requieren la pensión.

El Gobierno reafirmó su compromiso de continuar con auditorías transparentes y rigurosas, pero siempre respetando la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, buscando un equilibrio entre la fiscalización y la protección social efectiva.